Bogotá 24 de mayo de 2023 Con la ponencia de las representantes Cathy Juvinao (Partido Verde) y Delcy Isaza (Partido Conservador), la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad el proyecto que busca asegurar que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos políticos y electorales en Colombia.

_“Este proyecto propone activar la institucionalidad existente y brindar herramientas para garantizar el derecho a la participación política en igualdad y con garantías en todos espacios de la vida política y pública, de nada más y nada menos que de más de la mitad de la población de nuestro país; actualmente esto no ocurre y por el contrario estas violencias se han venido incrementando”_, afirmó la senadora María José Pizarro.

Según los datos que ha hecho públicos la Senadora, en Colombia a pesar de que las mujeres representan el 51,2% de la población, sólo dos de las 32 gobernaciones son lideradas por mujeres; el 12% de las alcaldías y en el Congreso representan el 29,2% y “eso en buena parte obedece a la falta de garantías para participar en procesos de elección en igualdad”, aseguró Pizarro.

Las cifras de violencia política contra las mujeres

Según un estudio realizado por el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria en Colombia cerca del 64% de las mujeres que ostentan cargos de elección popular han sufrido conductas relacionadas a la violencia política.

Otro estudio que pone de presente el aumento de este tipo de violencia es el de la MOE, en su análisis de Riesgos Electorales para las Elecciones 2022, da cuenta del aumento sostenido en la violencia (homicidios, atentados, secuestros, desapariciones y amenazas) contra las mujeres. Reportan 516 vulneraciones en los primeros 11 meses del calendario preelectoral, -_comprensido del 13 marzo 2021al 13 febrero 2022-_, 137 de estas (el 26.6%) corresponden a agresiones contra lideresas políticas, sociales y comunales, y casi una tercera parte de estas agresiones fueron letales.

Los puntos claves del proyecto

Incorpora al ordenamiento jurídico colombiano el concepto de violencia contra mujeres en política, que no estaba estipulado, fundamental para que desde diferentes instancias e instituciones puedan actuar.

A su vez, el articulado define y describe los tipos de violencia a las que se ven sometidas las mujeres: psicológica, simbólica, económica, moral, física, sexual y digital, siendo esta última una novedad en nuestra legislación. También contempla las garantías de protección y reparación en las que se incluye el derecho de la víctima, así como lo relativo a las sanciones y responsabilidad ética, electoral, disciplinaria y penal, en consonancia con la normatividad vigente.

De otro lado, establece responsabilidades y medidas de prevención y atención a entidades del Gobierno, autoridades electorales, organizaciones políticas y organismos de control así:

– El Gobierno debe diseñar e implementar políticas, planes, programas y proyectos necesarios para promover el derecho de las mujeres a participar en la vida pública en igualdad.

– Las autoridades electorales promoverán medidas de prevención y el derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas libremente; así como identificar posibles amenazas y vulneraciones a los procesos electorales.

– Las organizaciones políticas deben reformar sus estatutos y/o códigos de ética para adoptar disposiciones de prevención, atención y sanción.

– Las corporaciones públicas de elección popular, deben incluir en sus reglamentos normas para el debate democrático que prevengan, rechacen y sancionen este tipo de violencia y crear canales de atención para las mujeres.

– El Ministerio Público prestará acompañamiento y asesoría legal en los casos de violación de la presente ley.
– Por su parte la Procuraduría, adelantará con especial diligencia las investigaciones cuando se incurran en faltas disciplinarias.

– Se prohibe toda propaganda electoral en formato físico o virtual que constituya violencia por razón de género, o cualquier otra acción ilegal similar contra las mujeres o grupo de mujeres que participan en política, por motivos de sexo y/o género.

¿A quienes cobija la ley?

A todas las mujeres en ejercicio y goce de sus derechos políticos en todos los niveles: cargos de elección popular, procesos de participación democrática, ejercicio de funciones públicas de las diferentes ramas del poder público y demás órganos del Estado, en lo nacional, departamental, municipal, local y comunitario.