María José Pizarro presenta testimonio e informe de casos de violencia sexual en el Congreso de la República

La senadora María José Pizarro, informó el estado de la investigación sobre los casos de violencia sexual y acoso que preside en el Congreso de la República; presentó un testimonio anónimo que relata hechos de acoso sexual y laboral contra Jorge Laverde, secretario de la Comisión Sexta del Senado; hizo un llamado al fiscal Francisco Barbosa para avanzar en las investigaciones y romper con las alta cifras de impunidad en la materia y denuncio el muro de silencio dentro del legislativo. 

 

28 de agosto del 2023 Con la campaña “Rompamos el silencio, en esto te acompañamos”, la senadora María José Pizarro emprendió en el primer semestre la investigación sobre casos de violencia sexual en el Congreso de la República. Una tarea difícil, según manifiesta, debido a un “muro de silencio” que existe dentro del legislativo y que identifica como un patrón, debido a que los victimarios mayoritariamente ostentan cargos de poder que impiden que las víctimas denuncien masivamente estas prácticas. “Sin embargo y a pesar del escenario hostil, patriarcal y machista que se vive en el Congreso y del saboteo a nuestra campaña, avanzamos y estamos empoderando a las víctimas”, dijo Pizarro, quien presentó los avances de la investigación que adelanta, en la mañana de este lunes ante la opinión pública. 

 

A la fecha, la Senadora ha recibido nueve denuncias en el marco de la implementación del protocolo interno para la prevención y orientación de violencia sexual; las víctimas: siete mujeres y dos hombres que oscilan entre los 21 y 28 años de edad, vinculadas al Congreso como contratistas, integrantes de Unidades de Trabajo Legislativo y personas de servicios generales. Todas ellas recibieron atención psicosocial y jurídica por parte del equipo especializado que se contrató para tal fin. Sobre los presuntos agresores, se encontró que tres eran compañeros de trabajo, cinco eran jefes y uno, judicante. 

 

Casos: testimonio anónimo 

 

La senadora recibió una denuncia anónima a través de la cual se señala al secretario de la Comisión Sexta del Senado de la República Jorge Laverde, de acosar sexual y laboralmente a una mujer. La víctima, que quiso hacer público su caso y mantenerse en el anonimato, indica que tuvo que retirarse del Congreso por este caso y sin que le pagaran su contrato, tras haber cumplido con los requisitos del mismo, y manifestó conocer otros casos y no ser la única trabajadora del Congreso en ser violentada por el Secretario. 

 

En su testimonio, la víctima relata que Laverde solía acercarse mucho a las mujeres y de tener un trato diferente con ellas, le pedía tareas adicionales, quedarse hasta altas horas de la noche para entregarle informes y encerrarla en su oficina para acosarla. “Él entra al cubículo, se me empieza a acercar físicamente, de una forma bastante violenta que me sentía minimizada, me sentía en peligro; por como me miraba, me decía que yo era una mujer muy linda, que yo nunca le prestaba atención, que no pasábamos mucho tiempo juntos sabiendo que teníamos mucho tiempo. Él se me empieza a acercar, y yo agarro lo primero que tengo en la mano, que son unos lapiceros y le digo: yo no sé qué le puedo hacer con esto pero créame que se va a meter en un problema, por favor no se me acerque más, y él se… y lo primero que yo hago es también de nuevo salir corriendo de la Comisión”.

 

La víctima continúa con su relato: “A los dos días me toca volver (…) él se sienta conmigo, buscamos una silla a el corredor que queda en la Comisión, yo me siento al lado de él para mostrarle lo que me estaba pidiendo y él me empieza a meter las manos dentro del vestido que yo tenía, yo me levanto de la silla y le digo que por favor pare, yo guardo todo y no vuelvo a la Comisión”

 

La víctima narra que pidió que la cambiaran a otra dependencia dentro del Congreso para no estar cerca de su victimario, pero le negaron esta posibilidad, por este hecho y tras finalizar el tiempo del contrato, sale del Congreso sin que le pagaran por su ejecución. “Cuando fui a hacer mi cuenta de cobro, nunca me pagaron, él tenía una asistente que recibía todas las cuentas y me decía que yo nunca le había enviado nada. Nunca me pagaron ese contrato específico”. 

 

Expulsiones del Congreso y temor a denunciar 

 

Uno de los casos se empezó a atender el 16 de mayo de 2023, la mujer manifestó que había sido víctima de acoso sexual por parte de un servidor público vinculado a una de las comisiones de la Camara de Representantes. De acuerdo con su relato, el agresor le enviaba mensajes con contenido sexual constantemente, una conducta recurrente que hacía no solo con la denunciante, sino con otras compañeras. Este, se encuentra en la Fiscalía General de la Nación en indagación preliminar. 

 

Otro de ellos, está en trámite, se trata de una denuncia en la que se acusa a un superior  de acoso sexual repetitivo. La denuncia está proyectada, la víctima, como las demás, ha recibido apoyo jurídico y psicosocial, sin embargo, ella sigue estudiando la posibilidad de presentar oficialmente la denuncia.

 

Por otro lado, tres funcionarios han sido retirados del Congreso por casos de violencia sexual, uno de ellos, hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo de la senadora Paola Holguín, se trata de Juan Pablo Gómez, acusado de acoso sexual y acceso carnal. La víctima puso de presente que podrían existir al menos siete denuncias más, en las que el funcionario haciendo uso de su posición, se aprovechaba de las víctimas. La denunciante interpuso de manera directa queja ante la Fiscalía. 

 

Otra de las denuncias corresponde a un auxiliar jurídico ad-honorem, vinculado a la Comisión Séptima de la Cámara de Representes, quien está siendo investigado por cuatro casos de acoso sexual ocurridos al interior del legislativo. Por estos hechos se inició un proceso en la oficina de control interno disciplinario en la Cámara Baja y el caso fue denunciado también ante la Fiscalía en el marco del protocolo.

 

Y por último, Jhon Jairo Uribe, quien fue retirado del Canal Congreso luego de dos denuncias públicas y judiciales por acceso carnal en hombres, ambas interpuestas ante la Fiscalía, las cuales se encuentran en etapa de indagación preliminar en la Fiscalía 73. 

 

Llamado a Fiscal Barbosa a avanzar en las investigaciones

 

En cuanto a las acciones legales, ocho víctimas cuentan con denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, cuatro tienen quejas disciplinarias ante Control Interno y se han solicitado medidas de protección a la Cámara de Representantes. 

 

La Senadora le pidió públicamente al Fiscal General Francisco Barbosa, actuar diligentemente e investigar con celeridad estas denuncias, en las que según los testimonios, el número de víctimas sería mayor y el caso del señor Uribe, podría incluso tratarse de una red de violencia sexual. 

 

También le hizo un llamado fuerte a romper con el alto nivel de impunidad sobre casos de delitos sexuales contra mujeres que existe en el país y que supera el 88%. Según la Corporación Sisma Mujer, solamente un 6,85% de casos se encuentran en juicio y tan solo un 0,13% en ejecución de penas.

 

De acuerdo con los datos reportados por la misma Fiscalía General de la Nación, durante el 2021 se registró un total de 31.336 víctimas de delitos sexuales, de las cuales 27.419 son mujeres, es decir, el 87,5% y 3.917 son hombres, lo que corresponde al 12,5%. 

 

Asimismo, cada 20 minutos hay una denuncia contra un delito sexual cometido contra menores de edad, la tasa de impunidad en estos casos es del 99%. 

 

Acciones de prevención

 

El pasado 30 de enero empezó a regir el protocolo integral para la Prevención y Orientación Institucional frente a Conductas de Violencia Sexual, en el Ámbito Laboral y Contractual, en el Congreso de la República, que se adoptó a través de la Resolución 010 de 2023. A través de este mecanismo se ha llegado de manera directa a 850 personas entre funcionarios, contratistas y pasantes que trabajan en el Congreso con acciones de prevención, orientación y no revictimización, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. 

 

A su vez, se contrató un equipo compuesto por una abogada y una psicóloga para que se ocuparan de las acciones de orientación del Protocolo.